De acuerdo con expertos en la materia, la expresión de lavado de dinero se originó en Estados Unidos entre 1920 y 1930, cuando famosos delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios pequeños para mezclar sus ingresos de actividades ilegales con el dinero en efectivo que se recibía en estos locales legales. Sin embargo, algunos investigadores señalan que la práctica como tal es más antigua cuyos orígenes datan de los comerciantes chinos que escondían su riqueza de los gobernantes valiéndose de cualquier tipo de técnicas. En la Edad Media, la usura fue declarada delito, por lo que mercaderes y prestamistas ingeniaron mecanismos para evadir las leyes que la castigaban.

En 1986, es aprobada la Ley de Control del Lavado de dinero en Estados Unidos, marcando así las medidas a seguir por otros países y organismos internacionales. Incluso en algunos países, el lavado de dinero producto de un delito da lugar a penas más severas que el mismo delito per se.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC, por sus siglas en inglés) señala que el esquema de lavado de dinero es circular ya que el dinero suele acabar en las manos de la persona que lo generó, mientras que un proceso de financiación al terrorismo es lineal. El dinero generado termina siendo utilizado para la propagación de grupos y/o en actividades terroristas. Otra diferencia es que, el dinero que financia a organizaciones terroristas puede provenir tanto de fuentes legítimas (empresas, organizaciones, etc.) como de orígenes criminales.

Parte de los esfuerzos que lidera esta oficina es el compromiso establecido en la Agenda 2030 de reducir significativamente los flujos financieros ilícitos, así como de armas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada a fin de tener sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

A nivel internacional, y mucho más enfocado en la prevención de lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha desarrollado directrices internacionales que han sido adoptadas por 180 jurisdicciones. Recientemente, en un informe señaló que el tráfico de migrantes es un riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Calcula que las ganancias generadas por este delito son superiores a los 10,000 millones de dólares al año.



Identifica que uno de los métodos más comunes para lavar las ganancias del tráfico de migrantes, es la integración de las ganancias en negocios como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, así como el uso de lavadores de dinero profesionales. Hace un llamado a los países para que sigan de manera proactiva el dinero vinculado al tráfico de migrantes, fortaleciendo la cooperación institucional, internacional y regional.

La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, de hecho, los delitos informáticos han aumentado. El uso de las criptomonedas es una preocupación mundial, ya que “existen” fuera del sistema financiero mundial y hasta el momento no tienen fronteras, un análisis de Chainalysis rastreó que en 2019 un total de $2.8 mil millones en Bitcoin fue movido por delincuentes.

Uno de los delitos informáticos que más ha aumentado es el robo de identidad, las cuales son utilizadas por los delincuentes para el lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en un informe advierte de un aumento de delitos relacionados con la corrupción, fraudes financieros y estafas. Esto derivado de que los países han concentrado sus esfuerzos en la atención de la crisis sanitaria relajando algunas normativas, de hecho, espera una reducción en el volumen de reportes de operaciones sospechosas y retrasos en la obtención de información adicional requeridas para las investigaciones necesarias.



Con la finalidad de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo, en México se aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.

Se establece que tanto las personas físicas y morales que lleven a cabo operaciones denominadas como actividades vulnerables, tienen la obligación de: identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones, presentar los Avisos correspondiente en tiempo y forma, proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte, brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación, y solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de este.