Nunca desde la Transición hasta nuestros días habíamos asistido a un acoso tan descarado y brutal contra el Poder Judicial. El intento de deslegitimar a uno de los poderes del Estado es muy grave. No sucedió con Suárez, González, Aznar, Zapatero o Rajoy. Algunos tuvieron que sufrir situaciones judiciales muy desfavorables, pero nunca culparon a los jueces por ejercer su función jurisdiccional que es la competencia que les corresponde de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución. Hay que respetarla al igual que hacemos con la función gubernativa que corresponde al Gobierno o la legislativa a las Cortes Generales. Otra cuestión distinta es que los ciudadanos y los medios de comunicación podamos criticar las decisiones gubernamentales, las actuaciones políticas o las sentencias judiciales. Lo que no es aceptable es que sea un poder el que critique a los otros o quiera controlarlos como sucede con Sánchez y su Gobierno. Es cierto que su modelo ideal de juez es el presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido, y sus compañeras Montalbán y Segoviano. La deslegitimación de este órgano parte del propio Gobierno, ya que asegura que la amnistía será declarada constitucional. Las garantías que le ha ofrecido su presidente confirman su escandalosa politización.