No entiendo la estrategia sanchista contra el juez Peinado, pero no me pasa solo a mí sino a la inmensa mayoría de juristas. No sé si calificarla de pintoresca, excéntrica o estrafalaria, aunque creo que son las tres cosas. La impericia es asombrosa, así como la perseverancia en el fracaso. La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha acordado inadmitir la querella formulada por la abogada del Estado en representación y defensa del presidente del Gobierno contra el juez Peinado. He de reconocer que no entendí que utilizara la abogacía del Estado en una cuestión estrictamente personal que no afecta al cargo que ocupa. Lo normal y lógico es que hubiera acudido a un abogado que no paguemos todos los españoles. Al sanchismo le molesta que se diga, pero es la realidad. Es algo que recoge la propia resolución al calificarla como una decisión extravagante. El magistrado Jesús María Santos va más allá en su voto particular defendiendo la aplicación de una sanción ante una denuncia que considera «de verdadera mala fe», «gratuita», «temeraria» y la expresión de un «ejercicio intolerable, por abusivo, de la acción penal».