La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos forma parte de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos, aprobados en 2011. Estos establecen que las empresas deben tomar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar y remediar las violaciones a los derechos humanos que deriven de su actividad diaria, e incluso de aquellas realizadas por su cadena de suministro. En consecuencia, las empresas han generado distintos modelos de procesos de compliance que les permita mitigar el riesgo y fomentar una cultura de ética al interior. Es claro que el contar con este proceso no garantiza que las faltas o actos no sucedan, pero permite a la empresa gestionar de forma autónoma la forma en que hace frente a sus riesgos y su materialidad en el desempeño corporativo a largo plazo. De acuerdo con la CNDH en su informe del 2022, identificó que, de 65 recomendaciones, 16 fueron emitidas por violaciones a Derechos Humanos al interior de las empresas, en donde los principales grupos afectados son los trabajadores en un 25%, los migrantes en un 22%, los pueblos y comunidades indígenas con un 16%, los jornaleros con un 16%, los niños, niñas y adolescentes en un 13%, las mujeres en un 6% y las personas periodistas en un 3%. El informe señala que los principales Derechos Humanos que se vulneran al interior de las empresas son la integridad y seguridad personal en el 19% de los casos, trabajo digno en el 19%, la vida en el 8%, la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas en el 8% y el interés superior de la niñez en el 8%. La propagación del virus COVID-19 planteó nuevos retos para la sociedad en materia de derechos humanos, especialmente para las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Entre ellos las mujeres. Según el informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023, del Banco Mundial, a nivel global casi 2,400 millones de mujeres en edad de trabajar todavía no tienen los mismos derechos que tienen los hombres. De acuerdo con el documento, la reducción de la brecha de género podría incrementar el PIB per cápita a largo plazo en un promedio de casi un 20% en todos los países. Hay estudios que estiman ganancias económicas globales de entre 5 y 6 billones de dólares, si las mujeres iniciaran y ampliaran nuevos negocios al mismo ritmo que lo hacen los hombres. El rol de las empresas es clave para respetar los derechos humanos tanto al interior como al exterior de ellas. Y por ello, los sistemas de cumplimiento deben alinearse a la debida diligencia en derechos humanos, fundamentado en una cultura organizacional basada en valores.