El caso de la presunta filtración en una oposición de bomberos en Badajoz lleva más de dos años en el juzgado.

Opositores denuncian que el proceso selectivo sigue paralizado y temen que tarde años en retomarse.

La diputación pacense asegura que no puede tomar ninguna medida hasta que no haya una decisión judicial.

El caso por las presuntas filtraciones en la oposición para cubrir 35 plazas de conductor mecánico bombero en el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI), de la Diputación de Badajoz, lleva más de dos años en el juzgado, mientras los opositores se quejan de que el proceso selectivo esté paralizado y temen que tarde años en retomarse.

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Condenado a 5 años de prisión por corrupción de menores en Badajoz

La defensa pide la suspensión de la pena de cárcel y la fiscalía y la acusación particular no se oponen

El hombre deberá indemnizar a las víctimas, una madre y sus tres hijos, con 40.000 euros por daños morales

Cinco años de prisión. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto, en una sentencia de conformidad, a un hombre acusado tener en su teléfono móvil imágenes íntimas de menores de 16 años y de haber realizado fotografías a una madre y a sus tres hijos menores, dentro del domicilio familiar a través de una ventana. Los hechos sucedieron en abril de 2020 y las víctimas y el varón eran vecinos y conocidos,
la fiscalía solicitaba inicialmente para el procesado 20 años de cárcel: 8 años por un delito de elaboración de material pornográfico con menores de 16 años y otros 12 años por cuatro delitos contra la intimidad y revelación de secretos (uno por cada miembro de la familia que aparecía en las imágenes que captó del interior del domicilio). 

Sin embargo, el ministerio público, la acusación particular y la defensa llegaron a un acuerdo antes del juicio, que se iba a celebrar este lunes, por el que se modificaron en parte los hechos que se le imputaban. Así, en lugar de considerarlo autor de un delito de elaboración de material pornográfico de menor de 16 años, se le acusó de posesión del mismo, reduciendo de 8 años a uno la pena de cárcel. 

En cuanto a los cuatro delitos contra la intimidad y revelación de secretos se mantuvieron, pero se aplicó la atenuante de reparación del daño en su condición de muy cualificada, por lo que se rebajó la petición de cárcel a un año por cada uno de ellos, en vez de cuatro por cada uno.

El condenado tendrá que indemnizar a la madre y sus tres hijos con 40.000 euros en total por daños morales. Además, no podrá aproximarse ni comunicarse con ninguno de ellos por un periodo de 4 años y se le impone la libertad vigilada durante dos. 

La defensa, en manos de Raúl Montaño, solicitó al tribunal que se suspenda la ejecución de la pena y su cliente no entre en prisión, alegando que no tiene antecedentes, que ha reparado el daño y que ninguna de las penas con las que se le ha castigado superan los dos años. La fiscalía y la acusación particular, que ejerce José Duarte, no se han opuesto y la sala resolverá la solicitud en ejecución de sentencia. «Las víctimas han obtenido ya una reparación, que es el reconocimiento de los hechos, ya no tienen que estar esperando tres o cuatro años en función de los recursos que se van interponiendo y tenemos la seguridad jurídica era completamente cierto», argumentó el abogado de la acusación particular.

El condenado ha reconocido que tenía fotografías de la menor en su móvil (se hallaron trazos, pues habían sido eliminadas), pero siempre ha negado, y lo sigue haciendo, que él fuera el autor de las mismas. «Por eso hemos podido cambiar el tipo penal, que rebaja mucho las penas, lo que posibilita la suspensión de la ejecución de la condena, por lo que, salvo catástrofe, no entrará en prisión», señaló el abogado de la defensa.

La sala establecerá un calendario de pagos para el abono de las indemnizaciones y, en caso de incumplimiento, el condenado ingresará en la cárcel.

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Información de elperiodicoextremadura.com

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