Integridad y Transparencia en la Administración de Fondos Públicos

Es un equívoco generalizado, incluso entre ciertos administradores, concebir los fondos gestionados por las administraciones públicas como si fueran patrimonio de las mismas. Contrario a esta visión, dichos fondos no son inherentemente de las administraciones, sino que estos son confiados a su gestión por parte de los administrados. En el ejercicio de dicha administración, los presupuestos deben ser ejecutados con la finalidad de cumplir los objetivos públicos preestablecidos.

Cualquier ahorro generado debería destinarse rigurosamente a la materialización de proyectos específicos para los cuales se presupuestó originalmente, y no dilapidarse en gastos corrientes o superfluos, los cuales desvirtúan el propósito inicial del ahorro. Modificar este destino sin una justificación legítima constituye una defraudación a la ciudadanía, independientemente de que el cambio de asignación sea propuesto por una administración sucesora.

Este principio se sostiene sobre la premisa de que los recursos públicos deben administrarse con la más alta probidad y fidelidad a los fines estipulados.