No quiere ningún resquicio que impida la impunidad del régimen sanchista. No le basta que Conde-Pumpido sea una marioneta al frente del Tribunal Constitucional, la sumisión de la Fiscalía que no quiere que se mueva por el principio de legalidad o de «cariño» Armengol que ha convertido el Congreso en un apéndice de La Moncloa. No es suficiente la colonización de la Administración, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los organismos reguladores. Le faltaba consagrar la absoluta impunidad de su partido, sus amigos y su familia liquidando la acusación popular para que sea una institución jurídica marginal e irrelevante. Por ello, el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso que es un ataque brutal contra la separación de poderes y el Estado de Derecho. La desnaturalización de esta figura, que se remonta a la República Romana, busca liquidar los escándalos que afectan directamente a su familia. Ha decidido que no sea un proyecto de ley, otra anomalía parlamentaria, para eludir los informes preceptivos que confirmarían este demoledor ataque a la Justicia.