El escándalo Ábalos pone de manifiesto las prácticas más deleznables y reprobables en una Administración que debería estar al servicio de los españoles y no para favorecer las actividades sexuales de un miembro del Gobierno. Los responsables de las empresas públicas que contrataron a la escort que prestaba sus servicios al exministro y hombre fuerte del PSOE deberían presentar su dimisión o ser cesados. El proceso de selección produce bochorno, así como el absentismo de la beneficiada. No parece que entre las funciones del puesto de trabajo se puedan incluir las que prestaba a Ábalos.