El sector agrario español cierra, por fin, un año complicadísimo. El campo ha sufrido una suerte de tormenta perfecta que suma una escalada de costes sin precedentes, y una meteorología adversa, con heladas, altas temperaturas y, sobre todo, una sequía y falta de agua que han lastrado enormemente la producción. Y todo en un año en el que se está preparando la legislación para aplicar la Política Agraria Común para el periodo 2023/2027.
En España, por ejemplo, la cosecha de cereal se ha reducido un 35%, la producción de aceite ha caído a la mitad, y en el caso de la almendra la merma es de casi el 80% en algunas regiones, según las principales organizaciones agrarias, en declaraciones recogidas por EFE. Pero las caídas han sido generales. También en la fruta de hueso, la aceituna de mesa, la uva de vino, los cítricos o el arroz.

El balance del año, por tanto, no puede ser positivo. A una producción hundida, suman también una Ley de la cadena alimentaria que no ha acabado de funcionar correctamente. Así, mientras en el campo han desaparecido explotaciones por falta de viabilidad económica, el consumidor veía como el precio de la cesta de la compra se encarecía hasta un 15%.

Las asociaciones advierten al Gobierno, de cara al control de la inflación de los alimentos, porque no puede hacerse a costa de la producción, ni negar la realidad de lo que cuesta realmente producir. Por eso piden a las administraciones que tengan una visión global y coherente.

No se puede negar la importancia para el transcurso del año de la invasión de Ucrania, que ha multiplicado los efectos y la incertidumbre, por el espectacular aumento de los precios de la energía, y también por la menor disponibilidad de materias primas, que ha provocado una subida media de los costes de producción que ronda el 30%. En el caso de los fertilizantes, este alza alcanza el 200%.

En estas circunstancias, también culpan a la administración de no haber sido más comprensivas y dialogantes, sobre todo en lo relativo a la sostenibilidad medioambiental, competencia que recae directamente en el Ministerio para la Transición Ecológica. "Hay que ser flexibles con los eco-regímenes", reclaman desde Asaja.

Las políticas relacionadas con el regadío también acumulan críticas al Gobierno, por el recorte de trasvases, la ausencia de medidas eficientes, las restricciones por la sequía y, en general, la criminalización de este tipo de cultivos.

Las críticas a la administración no se quedan ahí. También culpan al Ejecutivo de su desconocimiento sobre la actividad agraria a la hora de plantear y aplicar la contratación en la nueva reforma laboral, o con las subidas del salario mínimo. El sector tampoco entiende por qué no se están ofreciendo soluciones para el urgente relevo generacional.

Las últimas quejas, pero no menos importantes, se las lleva la PAC. Una norma que no gusta a parte del sector, con un desarrollo normativo del Plan Estratégico Español muy lento, sin consultar a los principales afectados... Una situación que ha llevado a muchos agricultores a sembrar sin saber qué va a pasar.